El estado Zulia necesita una política científica propia. No una política limitada a premiar inventores, financiar proyectos aislados o incorporar tecnologías de moda, sino una estrategia de largo plazo que permita comprender nuestro territorio, formar investigadores, producir conocimiento y utilizarlo para mejorar la vida de la población.
Desde esa perspectiva, el Anteproyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado Zulia constituye una iniciativa necesaria y, en términos generales, positiva. El documento reconoce la importancia de la territorialización de la ciencia, incorpora a las universidades públicas y privadas, presta atención al Lago de Maracaibo, promueve el arraigo del talento científico e intenta integrar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología y la biotecnología.
Sin embargo, considero que el texto todavía se aproxima más a una ley de promoción tecnológica e innovación productiva que a una verdadera ley de ciencia, tecnología e innovación orientada al desarrollo sostenible del Zulia.
Mis observaciones no pretenden rechazar el anteproyecto, sino contribuir a fortalecerlo. La ley debe trascender la idea de que la ciencia sirve únicamente para producir tecnologías, patentes o soluciones comerciales inmediatas. La ciencia también es indispensable para comprender nuestros ecosistemas, reconstruir nuestra historia, estudiar nuestras culturas, anticipar riesgos, formar capacidades humanas y fundamentar las políticas públicas.
1. El desarrollo sostenible debe ser el propósito central de la ley
El artículo 1 establece que la ley busca promover el “desarrollo integral” del estado y el bienestar de su población. Por su parte, el artículo 3 incluye la sostenibilidad ambiental entre sus principios rectores.
El problema es que estas expresiones resultan demasiado generales.
Una política científica puede estimular el crecimiento económico y, al mismo tiempo, aumentar la contaminación, la desigualdad, la dependencia tecnológica o la degradación de los ecosistemas. Por eso, no basta con mencionar el desarrollo o la sostenibilidad ambiental de manera aislada.
La ley debería establecer expresamente que toda política científica y tecnológica del Zulia debe contribuir al desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica, ambiental e institucional.
Esto significa que los proyectos financiados deberían evaluarse no solo por su utilidad económica, sino también por su capacidad para:
- mejorar las condiciones de vida de la población;
- reducir desigualdades territoriales;
- proteger los ecosistemas;
- generar empleos y capacidades productivas;
- fortalecer las instituciones;
- beneficiar a las generaciones futuras.
La sostenibilidad no debe aparecer como una palabra decorativa. Debe convertirse en un criterio vinculante para decidir qué investigaciones se apoyan, qué tecnologías se promueven y qué resultados se esperan.
2. La ley debe proteger la investigación fundamental
Uno de los principales vacíos del anteproyecto es la ausencia de una distinción clara entre investigación fundamental, investigación aplicada, desarrollo experimental, investigación tecnológica e innovación.
El texto habla de ciencia, investigación, patentes, productividad y solución de problemas estructurales, pero mantiene una inclinación marcada hacia la aplicación inmediata del conocimiento. Incluso su definición de ciencia enfatiza la resolución de las problemáticas estructurales del estado.
Resolver problemas concretos es esencial, pero no toda investigación debe producir una aplicación inmediata.
La investigación fundamental busca comprender los principios, estructuras y procesos de la naturaleza, la sociedad y la cultura, aunque todavía no exista una utilidad comercial o tecnológica evidente. Sin ese conocimiento básico, muchas innovaciones futuras serían imposibles.
La electricidad, la electrónica, los semiconductores, la energía nuclear, los láseres, los satélites, la genética y buena parte de la informática moderna surgieron de investigaciones que inicialmente no tenían una aplicación práctica garantizada.
Por eso, la ley debería reconocer y financiar de manera equilibrada:
- la investigación fundamental;
- la investigación aplicada;
- el desarrollo experimental;
- la investigación tecnológica;
- las ciencias sociales;
- las humanidades;
- la innovación social.
La asignación de recursos públicos no debería depender exclusivamente de la obtención de patentes, productos comercializables o beneficios económicos inmediatos. La investigación fundamental debe considerarse una inversión estratégica de largo plazo y contar con convocatorias y fondos específicos. Esta es una de las reformas prioritarias planteadas en mis observaciones al texto.
3. El Zulia debe aprovechar científicamente su potencial solar y eólico
El anteproyecto agrupa en un mismo eje la “soberanía energética”, los hidrocarburos y las energías renovables.
Esta formulación es insuficiente para un estado con las características energéticas del Zulia.
La región posee amplias posibilidades para desarrollar energía solar, especialmente en zonas de elevada radiación, así como recursos eólicos de gran interés en la Guajira. Sin embargo, aprovechar ese potencial requiere mucho más que instalar paneles solares o aerogeneradores.
Es necesario investigar, medir y planificar.
La ley debería crear un Programa Científico y Tecnológico para el Aprovechamiento Sostenible del Potencial Solar y Eólico del Zulia, que contemple:
- atlas solares y eólicos actualizados;
- estaciones de medición meteorológica;
- evaluación territorial y ambiental;
- sistemas de almacenamiento energético;
- microrredes;
- generación distribuida;
- redes eléctricas inteligentes;
- electrificación de comunidades rurales e indígenas;
- formación de técnicos, ingenieros e investigadores;
- fabricación, ensamblaje y mantenimiento local;
- participación de las comunidades receptoras.
También conviene separar conceptualmente dos objetivos diferentes.
Por una parte, el Zulia debe investigar cómo reducir los impactos de la industria petrolera y petroquímica: derrames, fugas, emisiones, quema de gas, pasivos ambientales y riesgos sanitarios.
Por otra, debe construir progresivamente una nueva matriz energética basada en fuentes alternativas. Reducir los daños del sistema fósil existente no es lo mismo que desarrollar una transición energética.
Además, la transición no puede evaluarse únicamente por los megavatios instalados. Debe ayudar a reducir la pobreza energética, mejorar la continuidad del servicio eléctrico, disminuir las desigualdades entre municipios y garantizar energía asequible para la población.
4. Crear verdaderos investigadores de carrera
El artículo 19 propone una Certificación de Carrera Científica Estadal, un plan de bienestar, incentivos para el retorno de científicos y reconocimientos a la trayectoria.
La intención es positiva, pero una certificación no crea por sí sola una carrera científica.
Un país o una región no consolida su ciencia únicamente concediendo diplomas, premios o distinciones. Necesita personas que puedan dedicar su jornada laboral principal a investigar.
Por ello, la ley debería definir al investigador de carrera como el profesional que desarrolla de manera continua, principal y remunerada actividades de investigación, formación de estudiantes, publicación científica, desarrollo experimental o transferencia de conocimiento, con dedicación a tiempo completo en una universidad, instituto o centro científico.
Estos investigadores deben disponer de:
- estabilidad laboral;
- remuneración adecuada;
- tiempo efectivo para investigar;
- acceso a laboratorios y bases de datos;
- conectividad;
- fondos competitivos;
- posibilidades de formación doctoral y posdoctoral;
- participación en redes científicas;
- libertad académica;
- evaluaciones transparentes.
Las universidades públicas y privadas que reciban financiamiento o beneficios derivados de la ley deberían demostrar progresivamente que cuentan con unidades de investigación activas y con investigadores contratados a tiempo completo.
Esta obligación debe aplicarse de manera gradual y realista, considerando el tamaño y la capacidad financiera de cada institución. Pero debe quedar claro que una universidad no puede proclamarse investigadora si sus profesores realizan investigación solamente en sus horas libres, sin salario, infraestructura ni tiempo institucional.
5. No reducir la ciencia a productividad, industria 4.0 y patentes
El anteproyecto concede una atención considerable a la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología, la automatización industrial y las tecnologías emergentes. También promueve su enseñanza en escuelas y liceos.
Todo esto es valioso, pero la política científica zuliana no puede concentrarse exclusivamente en las tecnologías que actualmente parecen más modernas o comercialmente atractivas.
El Zulia también necesita investigación en:
- física;
- química;
- biología;
- matemáticas;
- ciencias de la Tierra;
- climatología;
- ecología;
- historia;
- antropología;
- arqueología;
- filosofía;
- lingüística;
- ciencias políticas y sociales.
Estas disciplinas quizá no produzcan inmediatamente una patente, pero resultan indispensables para conocer el territorio, comprender sus conflictos, proteger su patrimonio, anticipar amenazas y diseñar mejores políticas públicas.
La ciencia regional no debe convertirse en una simple cadena de producción que vaya de la investigación a la patente y de la patente al mercado. Existen conocimientos cuyo principal valor es científico, cultural, educativo, ambiental o social.
6. Investigar científicamente el patrimonio indígena y afrodescendiente
El artículo 6 reconoce y protege los conocimientos, prácticas y tradiciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, los presenta principalmente como “fuentes de innovación”.
Esa visión es incompleta.
Las culturas indígenas no deben estudiarse únicamente para identificar conocimientos que puedan transformarse en tecnologías, productos o actividades económicas. También es necesario profundizar científicamente en su historia, sus lenguas, su memoria oral, su cosmología, sus territorios, su organización social y su patrimonio arqueológico.
Por esta razón, propongo crear un Programa Estadal de Investigación Arqueológica, Antropológica y Lingüística del Zulia, que incluya estudios sobre los pueblos Wayuu, Añú, Barí, Yukpa y Japrería, así como sobre las comunidades afrodescendientes de la región.
Este programa debería promover:
- archivos de memoria oral;
- estudios arqueológicos;
- documentación de lenguas amenazadas;
- cartografía histórica y cultural;
- museos y colecciones regionales;
- formación de investigadores indígenas;
- investigación sobre conocimientos ecológicos tradicionales.
Naturalmente, estas investigaciones deben realizarse con participación de las comunidades, reconocimiento de la autoría colectiva, consentimiento cuando corresponda y devolución social de los resultados.
También deben establecerse salvaguardas contra el denominado extractivismo académico, que ocurre cuando investigadores o instituciones recopilan conocimientos, materiales o testimonios comunitarios sin compartir los beneficios, los resultados o el reconocimiento con las poblaciones estudiadas.
7. Una inteligencia artificial al servicio de la sociedad y el ambiente
El anteproyecto define la inteligencia artificial como un sistema orientado a optimizar los servicios públicos y la productividad del territorio zuliano.
La IA puede contribuir a la productividad, pero sus posibilidades son mucho más amplias.
En el Zulia podría utilizarse para:
- vigilar la contaminación del Lago de Maracaibo;
- detectar derrames petroleros;
- estudiar la expansión urbana;
- localizar acumulaciones de residuos;
- predecir inundaciones;
- analizar incendios forestales;
- monitorear la calidad del aire;
- estudiar el potencial solar y eólico;
- optimizar microrredes;
- apoyar el diagnóstico médico;
- mejorar la planificación territorial.
Sin embargo, también puede generar riesgos: vigilancia excesiva, discriminación algorítmica, opacidad en las decisiones públicas, pérdida de privacidad, dependencia tecnológica y concentración de poder.
Por eso, toda IA utilizada por instituciones públicas debería cumplir principios de transparencia, trazabilidad, seguridad, protección de datos, no discriminación, supervisión humana y rendición de cuentas.
La IA debe ampliar la capacidad de la sociedad para observar, comprender y gestionar su territorio, pero no debe sustituir la responsabilidad humana ni convertirse en un mecanismo de control opaco sobre la ciudadanía.
8. Financiamiento estable, transparente y diferenciado
El anteproyecto contempla recursos de la Gobernación, FONACIT, alcaldías, empresas privadas y cooperación internacional.
El problema es que no establece mecanismos suficientemente claros para garantizar continuidad, distribución equilibrada ni financiamiento plurianual.
La ciencia no puede funcionar únicamente mediante convocatorias ocasionales. Algunos proyectos requieren años de trabajo: estaciones meteorológicas, observatorios ambientales, colecciones biológicas, investigaciones arqueológicas, seguimiento del Lago de Maracaibo o mediciones del recurso eólico.
La ley debería crear fondos diferenciados para:
- investigación fundamental;
- investigación aplicada;
- transición energética;
- Lago de Maracaibo y cuencas;
- infraestructura científica;
- jóvenes investigadores;
- carrera científica;
- investigación indígena;
- innovación social;
- inteligencia artificial responsable.
Los proyectos de largo plazo deberían poder recibir financiamiento plurianual sujeto a evaluación de avances. Interrumpir una serie de mediciones climáticas, ecológicas o energéticas por razones administrativas puede destruir años de trabajo científico.
9. Evaluación por pares y menos discrecionalidad
El artículo 18 establece que la certificación del Consejo será un requisito indispensable para obtener financiamiento.
Esto concentra una gran responsabilidad en un solo órgano.
La solución no es eliminar al Consejo, sino establecer procedimientos competitivos y transparentes. Los proyectos deberían ser evaluados por especialistas independientes de la disciplina correspondiente, mediante un sistema de evaluación por pares.
Los criterios, puntuaciones, resultados, beneficiarios y montos asignados deberían publicarse. Los investigadores también tendrían que conocer las evaluaciones recibidas y contar con mecanismos de reconsideración.
Además, el Consejo debería incluir representación de universidades públicas y privadas, centros de investigación, investigadores de carrera, comunidades indígenas, organizaciones ambientales, municipios, estudiantes de posgrado y sectores productivos.
La mayoría de sus integrantes con derecho a voto debería poseer experiencia científica comprobada. También deberían declararse y gestionarse los conflictos de interés.
10. Infraestructura científica y ciencia abierta
El anteproyecto promueve laboratorios educativos y clubes de robótica, pero no desarrolla suficientemente la infraestructura avanzada necesaria para investigar.
El Zulia necesita una red de:
- estaciones meteorológicas;
- estaciones de medición solar y eólica;
- laboratorios de agua;
- observatorios del Lago de Maracaibo;
- centros de análisis geoespacial;
- repositorios de datos;
- estaciones experimentales;
- colecciones arqueológicas, biológicas y geológicas;
- laboratorios de energías renovables.
También debe fortalecerse la ciencia abierta.
Los resultados, datos, metodologías e informes financiados con recursos públicos deberían depositarse en repositorios accesibles, salvo cuando existan razones legítimas de privacidad, seguridad, propiedad intelectual o protección de conocimientos indígenas.
No basta con divulgar la ciencia en un lenguaje sencillo. También deben conservarse y compartirse los datos que permitan verificarla, reproducirla y utilizarla para nuevas investigaciones.
11. Una ley que pueda ser evaluada
La futura ley debe incluir indicadores verificables.
Cada año debería publicarse un Informe sobre el Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Zulia, con información sobre:
- inversión pública en investigación y desarrollo;
- número de investigadores de carrera;
- investigadores contratados a tiempo completo;
- proyectos financiados por municipio;
- participación de universidades públicas y privadas;
- fondos asignados a ciencias fundamentales;
- proyectos solares y eólicos;
- comunidades beneficiadas;
- investigaciones sobre pueblos indígenas;
- publicaciones científicas;
- incorporación de jóvenes investigadores;
- resultados ambientales y sociales.
Una política pública que no se mide corre el riesgo de transformarse en una sucesión de anuncios, premios y actos institucionales sin resultados acumulativos.
Las reformas que considero imprescindibles
Para una primera discusión legislativa, considero prioritarias diez modificaciones:
- Orientar expresamente la ley al desarrollo sostenible multidimensional.
- Diferenciar la investigación fundamental, aplicada y tecnológica.
- Garantizar financiamiento para la ciencia fundamental.
- Crear la figura laboral del investigador de carrera a tiempo completo.
- Promover progresivamente investigadores contratados en universidades públicas y privadas.
- Crear un eje autónomo de transición energética solar y eólica.
- Incorporar almacenamiento, microrredes y reducción de la pobreza energética.
- Promover la investigación arqueológica, antropológica, histórica y lingüística.
- Establecer una gobernanza responsable de la inteligencia artificial.
- Introducir evaluación por pares, transparencia, ciencia abierta e indicadores anuales.
El Zulia debe producir conocimiento, no solo consumir tecnología
Mi valoración general es constructiva. El anteproyecto contiene elementos valiosos y puede convertirse en una herramienta importante para el desarrollo regional. Pero necesita pasar de una lógica predominantemente promocional y tecnológica a una verdadera política científica de largo plazo.
El Zulia no debe limitarse a comprar, adaptar o consumir tecnologías desarrolladas en otros lugares.
Debe formar investigadores. Debe estudiar su ambiente. Debe conocer su historia. Debe comprender sus pueblos y sus culturas. Debe medir sus recursos solares y eólicos. Debe investigar el Lago de Maracaibo. Debe producir ciencia fundamental. Debe desarrollar tecnologías apropiadas para sus propias condiciones.
En definitiva, la ciencia no debe concebirse como un lujo reservado a los países ricos ni como un accesorio de la actividad productiva. Es una capacidad estratégica que permite a una sociedad comprender la realidad, tomar decisiones con mayor autonomía y construir su propio futuro.
Una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Zulia debería partir de una idea central:
El Zulia necesita capacidades permanentes para comprender científicamente su territorio, formar investigadores y transformar ese conocimiento en bienestar social, diversificación económica, protección ambiental y soberanía tecnológica.
Deja un comentario